domingo, 3 de junio de 2012

Juicios: postergación y tiros contra fiscal Palermo

Ramón Ábalo

La fecha del próximo 6 de junio para que se iniciara el segundo juicio contra los genocidas, aquí, en la jurisdicción Mendoza de la Justicia Federal, se lleva para más adelante (¿o para atrás?), para casi a fines de junio. Tal vez se justifique para los miembros que deben decidir al respecto, quienes – muy bien sabemos los organismos – deben trasponer múltiples anomalías que siembran las ahijadas y ahijados, hijas y entenados que han dejado tras de sí los Miret, los Romano, los Petra, y que tienen vigencia en el "lado oscuro" de la atmósfera interior del edificio de la calle España y Pedro Molina.

Y de ese lado oscuro los tufillos putrefactos llegan desde el interinato de Santiago González Warcalde, como fiscal de la procuraduría general de la nación, a consecuencia de la defenestración que se le hizo a Righi, que fuera el titular hasta hace poco. No obstante la calidad de interino, Warcalde está superando cualquier récord de medidas premeditadamente en favor y privilegios de funcionarios amigos de esa repartición, y la incorporación de amigos, amigas, y compadres de comités y parrandas. Pero lo peor, para el sano proceso de la concreción de los próximos juicios a los genocidas en la jurisdicción de la justicia federal en Mendoza, lo ha tomado con el desplazamiento que ha hecho del fiscal Omar Palermo, a quien le ha quitado las facultades que tenía sobre las fiscalías de primera instancia de San Rafael y San Luis, como asimismo incluye a las fiscales de Mendoza, Gloria Andrés y Mónica Spagnolo, muy afín al prófugo camarista Otilio Romano. Como se sabe, el congreso va a tratar la nominación para designar al procurador titular. Mientras tanto, como un depredador institucional, González Warcalde dejará tras de sí una estela de proxenetas del estado.

La inmaculada intangibilidad de ser juez
Seguramente que en las aulas de la enseñanza secundaria y universitaria todavía se estudia aquello de las prerrogativas y deberes de cada uno de los tres poderes constitucionales. En el caso del judicial, aparece la figura del juez, el que se ocupa de dictar justicia, como un personaje inmaculado e intangible, es decir intocable, a quien, a partir de ser elevado a la canonjía de juez, para siempre será un ser impoluto y menos sospechado de la más mínima desviación ética en el cumplimiento de su sagrada misión. Y, por supuesto, como tal deberá estar exento de cualquier otra responsabilidad que no sea la de administrar justicia. Se lo supone de un rango superior a cualquier otro que tenga que ver con los que se los considera mínimos, plebeyos, Exentos incluso de los problemas cotidianos, como la economía personal. Y ello solamente puede ser así con un jornal mensual de un rango similar al que se le adjudica a su tarea. Por eso, no nos puede llamar la atención que un juez que anuncia que se va a jubilar, como miembro de la corte de justicia de la provincia, va a percibir lo que le corresponda en el nivel de los actuales $ 40.000 que cobra todos los meses. Se trata de Fernando Romano – no asombrase por el apellido, ni hacer lucubraciones menores ni malintencionadas – todavía actual miembro de la judicatura provincial con el rango de ministro. ¡¡Qué tal!!

La Quinta Pata, 03 – 06 – 12

La Quinta Pata

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