Alfredo López Cuitiño: el juez bajo la lupa

Évelin Torre

Alfredo López Cuitiño es otro triste personaje de la justicia federal mendocina que, a lo largo de su carrera profesional, no ha dejado de acumular escándalos. El más reciente tiene que ver con la denuncia realizada en su contra por doce empleadas judiciales, por acoso sexual y laboral.

Según denunciaron las mujeres, el juez las ha acosado en varias ocasiones con manoseos, apretones, abrazos y demostraciones de cariño excesivas. Además, señalaron que el despacho del magistrado está acondicionado con una heladera para bebidas alcohólicas y un sistema audiovisual para la reproducción de películas pornográficas.

Cabe recordar que López Cuitiño ya había sido denunciado por acoso sexual en 2004, por una ordenanza, pero en aquella ocasión la investigación no prosperó penalmente ni en el consejo de la magistratura, donde la archivaron gracias a las influencias del juez.

Por otra parte, recordemos que López Cuitiño actualmente ostenta el cargo de presidente de la cámara federal, y precisamente, la presidencia lo coloca a su vez como máxima autoridad en Cuyo de la Oficina de la Mujer de la justicia federal, lo que resulta ser toda una paradoja pues, esta institución, tiene la tarea de velar porque en la esfera del poder judicial se impulse un proceso de incorporación de la perspectiva de género.

Pero los escándalos de López Cuitiño no se limitan a este ámbito pues, en el 2008, junto con Petra y Pereyra González, ordenaron la libertad de todos los detenidos acusados de los asesinatos del estudiante Amadeo Sánchez Andía y de Victor Romano Rivamar, y unos meses más tarde otorgaron el mismo beneficio a los ex comisarios Armando Osvaldo Fernández y Eduardo Smaha Borzuk, procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos, por el homicidio del escritor y periodista Francisco Paco Urondo y la desaparición de su esposa, Alicia Raboy.
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De esta manera, los magistrados incumplieron las obligaciones del estado argentino de tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole, necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas.

Finalmente, debemos recordar que antes de desembarcar en la justicia federal López Cuitiño ya había dado la nota, en los años 90 y mientras ejercía funciones como director del registro nacional de la personas, cuando le otorgó un DNI argentino al traficante de armas Monzer Al Kassar.

Lo cierto es que el futuro de López Cuitiño en la justicia federal es oscuro. Debido a la reciente acusación de las empleadas judiciales, sus pares de la cámara de apelaciones realizaron la pertinente denuncia al fiscal federal de turno, a la corte de la nación y al consejo de la magistratura de la nación, lo que coloca al acusado en una encrucijada, debiendo optar por la renuncia o correr el riesgo de ser sometido a un jury de enjuiciamiento.

Sea cual fuere la opción escogida, López Cuitiño representa el capítulo final de una justica federal mendocina cuestionada por escándalos, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

La Quinta Pata