Ricardo Nasif
“Cuando los argentinos tengan trabajo y medios de subsistencia, volveremos a tener un director de prisiones que vendrá a decirnos que nos estamos quedando sin presos”. (Juan Domingo Perón. Agosto de 1973)
En 1965, Leonardo Favio estrenó “Crónica de un niño solo”, su primer largometraje. La película cuenta parte de la vida de Polín, un niño pobre recluido en un “patronato de menores” que se fuga en búsqueda del aire y el río de su villa.
El film retrata con simpleza y una potencia visual arrolladora los intentos de disciplinamiento social del Estado sobre la debilidad de un pibe desamparado.
El sonido ensordecedor de los silbatos para marcar los tiempos de las actividades cotidianas, el tránsito de niños en fila, las nucas rapadas, las rejas que separan la libertad de los claustros y la humillación pública bajo la mirada siempre rectora de los adultos, son algunas de las imágenes que describen el encierro en la película.
En pocos fotogramas el compañero Favio anticipa con maestría la descripción de los sistemas penales occidentales que Michel Foucault detallará en su libro “Vigilar y Castigar”, publicado ¡diez años más tarde!
La prisión de Polín respondía a un modelo predominante desde los años ´20 en la Argentina. Desde entonces regía el “Patronato Nacional de Menores Abandonados y Delincuentes”, creado por la amargamente célebre “ley Agote”.
El diputado conservador Dr. Luis Agote, además de pasar a la posteridad por sus investigaciones científicas que permitieron las primeras transfusiones sanguíneas exitosas, trascendió los tiempos por ser el autor intelectual de la ley Nº 10.903, que en 1919 receptó buena parte del pensamiento represivo de la época.
Las corrientes inmigratorias de fines del siglo XIX y principios del XX lograron duplicar la población argentina. La mayoría de los obreros extranjeros y sus familias pasaron a engrosar una clase trabajadora que vivía en condiciones absolutamente indignas.
En esa situación los niños eran parte del sector más vulnerable: desde muy pequeños trabajaban largas jornadas, sin descansos, sin feriados, sin vacaciones y con menores salarios que los mayores.
De acuerdo a datos recuperados por Viviana Demaría y José Figueroa (“10903: La ley maldita”) entre 1880 y 1912 se internaron en el “Patronato de la Infancia de la Ciudad de Buenos Aires” más de 32.700 niños. En ese mismo período murieron un poco más de la mitad: 16.690 pibes en el transcurso de 32 años. Más de 500 niños fallecidos por año, en los brazos del estado.
En este lapso histórico de gobiernos conservadores, lejos de ponerse la energía política en la protección de los niños, se promovieron instituciones muy duras para reprimir a los trabajadores, particularmente a los inmigrantes. La policía fue la principal respuesta a los legítimos reclamos sociales, a quien se potenció con “herramientas” para la persecución de los activistas políticos, especialmente los de origen anarquista y socialista. En 1902, el segundo gobierno de Julio Roca, puso en marcha la Ley de Residencia, que permitió la expulsión de los militantes obreros extranjeros considerados indeseados por el régimen.
Todo trabajador o trabajadora que desafiara de alguna manera el orden político, social, económico y cultural consagrado por los sectores dominantes, era identificado como despreciable, terrorista, subversivo o peligroso y, por lo tanto, objeto predilecto de la represión. De esta visión no se salvaban siquiera los niños y niñas.
Justamente el proyecto de ley del Dr. Agote que proponía el “Patronato…” se enclava en esa perspectiva conservadora de la oligarquía y fue presentado al Congreso en el contexto de las luchas en las que participaron activamente los pibes.
En 1907, fueron miles de mujeres y niños los que protagonizaron la masiva huelga de inquilinos, conocida como la “rebelión de las escobas”. Entre otros tantos Miguelito Pepe, quien a los 15 años recibió un tiro policial en el brazo mientras daba un discurso de arenga.
Para el pensamiento hegemónico de la época Miguelito era uno de los tantos niños pobres que en ese ambiente de supuesta descomposición social, inexorablemente concluiría en la delincuencia. Decía el Dr. Agote entonces: “Yo tengo la convicción profunda de que nuestra Ley falla si no llegamos a suprimir el cáncer social que representan 12 a 15 mil niños abandonados moral y materialmente (que) finalmente caen en la vagancia y después en el crimen”, y proponía: “recluirlos en la isla Martín García”.
En 1919, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, los trabajadores de los talleres metalúrgicos Vasena de Buenos Aires encendieron la chispa de una de las más importantes insurrecciones obreras de la historia argentina. Luego de varios días de lucha, represión y resistencia los trabajadores alcanzaron aumentos de sueldo, reducción de la jornada laboral, descanso dominical y reincorporación de despedidos, al costosísimo precio de cientos de muertos y heridos en sus filas (1500 muertos según cifras obreras, 800 de acuerdo a los datos policiales)
En ese ambiente se precipitó en el Congreso la sanción del proyecto del Dr. Agote.
El clima se atizó desde algunos sectores periodísticos. Por ejemplo, desde el diario La Prensa se señaló a los pibes y a la falta de cuidado e indiferencia del gobierno como los culpables de la violencia.
El Dr. Agote, recogió el guante, desempolvó su proyecto de diez años atrás con nuevos argumentos: “…en los días aquellos de la Semana Trágica los que encabezaban todos los movimientos, los que destruían, eran turbas de pilluelos que rompían vidrieras, destruían coches, automóviles, y que en fin, eran los primeros que se presentaban en donde hubiera desorden…los que iban a la cabeza en donde había un ataque a la propiedad privada o donde se producía un asalto a mano armada, eran los chicuelos que viven en los portales, en los terrenos baldíos, y en los sitios obscuros de la Capital Federal.”
Ese año, en esas condiciones, se sancionó la funesta ley de creación del “Patronato Nacional de Menores Abandonados y Delincuentes”, que tanto daño causó en generaciones de argentinos.
Resulta increíble que recién en el año 2005 esa ley haya sido derogada, más sorprendente aún que su vigencia social perviva en el pensamiento y la acción “de facto” de tantos que siguen promoviendo la solución mágica de bajar la edad de imputabilidad para llenar de pibes pobres las cárceles.
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